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Catherine Hussey

El Vaticano condenó ayer (4 de Febrero de 2010) la propuesta «ley de igualdad» británica reclamando que propuesta de ley «viola la ley natural».

Ese mismo día Roma finalmente confirmó que el Papa hará una visita a Gran Bretaña este año. Al mismo tiempo el Vaticano lanzó un ataque sin precedentes a la política de derechos humanos del ministro inglés Gordon Brown, afirmando que amenaza la libertad de religión y urgiendo a los obispos católicos a oponerse a ella con «celo misionero».

Según el matutino «The Times», el Arzobispo Católico de Westminster, Vincent Nichols, agregó su voz a la demanda, describiendo a la nueva legislación como «injusta». Durante la visita de los obispos a Roma, el Papa urgió a los 35 obispos católicos de Inglaterra y Gales a enfrentarse a la ley propuesta unidos en una sola voz y la que calificó de «amenaza a la antigua tradición británica de libertad de palabra.»

El momento de esta admonición no es casual ya que las elecciones generales se acercan y tanto los obispos como los fieles católicos deberán concentrarse en esta nueva fase de las guerras culturales que se han venido luchando en todo el munco occidental. El voto católico puede ser decisivo en estas elecciones y de ese voto puede depender que sea Gordon Brown u otro primer ministro el que reciba al Papa en septiembre.

La reacción contra esta ley no es puramente católica. La jerarquía anglicana comparte el disgusto por este nuevo esfuerzo de los laboristas dirigido a marginalizar la religión en la vida pública. Se espera, sin embargo, que las organizaciones secularistas, abundantes en Inglaterra, desafíen a las fuerzas pro-religión tanto anglicanas como católicas con protestas y rechazos a la visita papal.

Los voceros del gobierno han defendido la propuesta de la ley de igualdad con la retórica de siempre: más igualdad, menos discriminación, trato equitativo, etc. aunque resulta evidente que el proyecto de ley, si pasa a ser ley activa, creará una clase de ciudadanos amordazados (los religiosos) que podrán ser atacados por los secularistas y homosexualistas en sus más profundas creencias, pero no podrán responder o criticar la postura homosexualista sin incurrir en una violación de la ley. La ley, de facto, convierte a la religión en un blanco de tiro.

El Papa resumió esta contradicción: “Aún así, como se ha indicado correctamente antes, el efecto de algunas de estas legislaciones diseñadas para lograr una mejor igualdad, ha sido el de imponer limitaciones injustas en la libertad de actuar de las comunidades religiosas […] en algunos aspectos [la ley] en realidad viola la ley natural sobre la cual se apoya y garantiza la igualdad de todos los seres humanos.»

Los obispos de la iglesia anglicana, entre otros, han atacado la propuesta de ley, bajo la cual las excepciones a la igualdad de oportunidades en el empleo serían clarificadas para definir qué empleos son clasificados como religiosos.

Ciertos empleos administrativos en diócesis y organizaciones dependientes de las iglesias cristianas y de otros grupos, estarían legalmente abiertos a homosexuales militantes, transexuales y otros grupos, que podrían entonces litigar legalmente contra las iglesias si no son contratados. Sermones y homilías condenando la homosexualidad podrían ser atacados legalmente como «discurso odioso» de la misma manera que las diatribas antisemitas fueron llevadas a los tribunales en tiempos pasados.