censura-inquisitorial

Biblioteca del Congreso del Perú

La censura ha sido una práctica muy común, desde la antigüedad. A mediados del siglo XVI se acentuó su empleo debido, en gran parte , al desarrollo de la imprenta la que dejó de lado a los copistas amanuenses y propició la difusión de todo tipo de obras. La multiplicación de publicaciones fue recibida por los estados con una actitud dual, mezcla de entusiasmo y recelo. Por ello, apoyaban los aspectos culturales pero ejercían control, en diferentes grados y formas, sobre los contenidos ideológicos y políticos que directa o indirectamente afectasen a los gobernantes. Por su parte, la Iglesia tuvo que enfrentarse a los incesantes ataques de Lutero y los demás dirigentes protestantes, quienes emplearon asiduamente la imprenta para sus fines proselitistas en desmedro del catolicismo.

La censura propiamente eclesiástica, entre sus primeros antecedentes, tuvo el establecimiento de la licencia previa de impresión en la diócesis de Metz en 1485. El Papa Alejandro VI, por su parte, la dispuso para las diócesis de Colonia, Maguncia, Tréveris y Magdeburgo en 1501. Fue generalizada en la Iglesia Católica por León X.

En España la licencia anterior a la edición de las obras, por disposición de la corona, fue extendida a todo el territorio. El Consejo Real fue absorviendo el manejo de esta facultad a pesar de que los arzobispos de Toledo y Sevilla, al igual que los obispos de Burgos y Salamanca, tenían atribuciones para extender este tipo de licencias según una pragmática de 1502. El paso definitivo lo dieron las ordenanzas de la Coruña de 1554 que reservaron tales actividades al Consejo Real. Así, la censura previa resultaba manejada por el Estado. Como este tipo de permisos concedidos para la impresión de una publicación resultaba insuficiente, porque muchos libros ingresaban a pesar de no tener la licencia estatal ni la eclesiástica, se fue haciendo necesaria la censura a posteriori y el control de la circulación y difusión de los textos. Las actividades inquisitoriales, por lo que respecta a esta materia, tuvieron sus inicios en las primeras décadas del siglo XVI cuando el Inquisidor General Adriano de Utrech prohibió la lectura de los escritos de Lutero. El Papa Paulo III en 1539 ratificó las facultades del Tribunal para proceder contra los lectores de libros prohibidos. La censura de las obras de Lutero fue reafirmada por el Santo Oficio en diversas ocasiones. También se prohibieron las de Huss, Lambert, Malancton, Mustero, Wicleef, Zuinglio, etc. Con ello, la Inquisición se limitó estrictamente a cumplir las prohibiciones ya decretadas con anterioridad por el Emperador Carlos V en Flandes. El monarca también prohibió las obras impresas desde 1519 en las que no figurase el autor, el impresor, el lugar y la fecha de la impresión; así mismo, las imágenes injuriosas para la religión y la moral pública. Las listas o relaciones de textos prohibidos constituyeron el antecedente de los respectivos índices. [1]

Los continuos ataques de las sectas obligaron al Tribunal a redoblar esfuerzos para evitar los daños que conllevaba la extensión de la herejía. En tal sentido, desde 1532 mandó publicar edictos conteniendo la lista de los textos prohibidos la que era colocada en las puertas de las iglesias. Para lograr el cumplimiento de sus disposiciones la Inquisición vigilaba a los libreros, inspeccionando permanentemente sus establecimientos y controlando las bibliotecas públicas y privadas. A mediados del siglo XVI las obras remitidas a tierras americanas eran registradas en la Casa de Contratación de Sevilla. En los puertos y fronteras el comisario de la Inquisición controlaba los libros que ingresaban al reino.

Al interior de la Península Ibérica existían otros controles. La censura, por ejemplo, se hizo más rigurosa a partir de la Real Cédula publicada por la Regente Juana el 7 de setiembre de 1558. En ella se prohibió la introducción de toda clase de libros extranjeros traducidos al español y se obligó a los impresores a solicitar las respectivas licencias del Consejo de Castilla. También se ordenaron penas durísimas para el contrabando de libros prohibidos, las que incluían la confiscación de las propiedades de los infractores y la aplicación de la pena de muerte. La censura organizada por el Santo Oficio coexistió con la de las autoridades reales y se expresó principalmente en la edición de índices de obras heréticas. La censura inquisitorial hispana graduaba los libros de acuerdo con la extensión de sus errores. En tal óptica, se tachaba tan sólo algunas líneas de los escritos, se condenaba la obra completa o el íntegro de las publicaciones.

Las sanciones eclesiásticas fueron determinadas por el Pontífice Julio III quien decretó la excomunión de los lectores de libros prohibidos. Así, el estado y la Iglesia unieron sus esfuerzos en el combate contra la herejía y la acción disociadora de los grupos subversivos, inspirados en la necesidad de defender la fe común y el orden público.

La Inquisición, al tomar a su cargo la censura de libros, lo hizo en cumplimiento de una función de competencia estatal no sólo en España sino también en todos los demás países y no exclusivamente en esta época sino más bien hasta en nuestros propios días. La censura eclesiástica continuó existiendo paralela a la del estado y, aunque pueda parecer más importante la segunda, de hecho el índice inquisitorial gozaba todavía de tal autoridad a finales del siglo XVIII que sus dictados no podían ser ignorados fácilmente.

Desde mediados del siglo XVI las listas de textos prohibidos se convirtieron en catálogos o índices. Los primeros fueron los de la Sorbona (1544 y 1547), los de la Universidad de Lovaina (1546 y 1550), Luca (1545), Siena (1548) y Venecia (1549). Se supone que el primer índice utilizado por el Santo Oficio peninsular data de 1547 siendo en realidad una reedición del índice de Lovaina. El primer índice propiamente hispano fue el de 1551. Los índices españoles eran controlados sólo por las autoridades peninsulares, no guardando ninguna relación con el índice de Roma que empezó a redactarse en el siglo XVI. No obstante, en numerosas oportunidades, las listas españolas contenían obras también prohibidas por Roma. En 1583 se publicó un índice y expurgatorio cuyo aspecto prohibitorio era una continuidad de los anteriores índices. Su novedad radicaba en el aspecto expurgatorio: no se prohibía una obra sino algunas frases, párrafos o partes de la misma lo que, previa corrección, permitía la publicación del libro en cuestión. Fue elaborado por la Universidad de Salamanca como producto de quince años de pacientes investigaciones.

En los índices figuraban las biblias escritas en lenguas vulgares (hasta que se levantó tal prohibición en 1782) para evitar la difusión de versiones tergiversadas que podrían alimentar el surgimiento de nuevas herejías. La censura general de biblias fue promulgada en 1554 y fue preparada, principalmente, con la intervención

Ello demuestra los niveles de cooperación desarrollados entre la Inquisición y la intelectualidad a través de las universidades de las universidades de Salamanca y Alcalá. Sin embargo, las ediciones contenidas en esta censura podían circular, siempre que hubiesen sido sometidas a la corrección inquisitorial. Esta se limitaba a eliminar los comentarios o añadidos. El fondo del asunto no era ni podía ser prohibir la Biblia, lo que nunca se les ocurrió a los inquisidores por ser uno de los pilares básicos e indiscutibles de la fe católica, sino la tergiversación interesada de la misma para utilizarla contra la Iglesia.

El objetivo de la censura inquisitorial era doble: por un lado identificar la herejía en autores, obras o proposiciones, según fuera el caso; y, por otro, controlar la propagación de la misma. Cabe reiterar que el índice de la Inquisición española -a pesar de ser independiente del romano que promulgaban los pontífices- lógicamente mantenía numerosos elementos comunes con el mismo. En ambos, se prohibían los libros de los heresiarcas y líderes de secta tales como Lutero, Calvino y Zuinglio; en cambio, se permitían las refutaciones ortodoxas a los mismos así como las traducciones que hicieron los herejes sin exponer sus ideas. También estaban vedadas las publicaciones hostiles a la religión cristiana como el Talmud, el Corán, los libros de adivinación, supersticiones, nigromancia, etc. Por otra parte, eran permitidos los Padres y Doctores de la Iglesia anteriores a 1515 y también los libros de los herejes antiguos, los de autores escolásticos, inclusive Pedro Abelardo y Guillermo de Occam, con excepción de sus libros contra Juan XXII. No mencionaban los índices a los filósofos de la Antigüedad ni de la Edad Media fuesen cristianos, árabes, judíos o de otras creencias. Estaban permitidos los renacentistas italianos, inclusive Giordano Bruno, Galileo, Descartes, Leibnitz, Tomás Hobbes, Benito Espinoza y el propio Bacon con algunas enmiendas. En cuanto a los libros de ciencias la Inquisición española jamás prohibió a Copérnico, Galileo, Newton, ni ningún científico serio. En letras también fue tolerante, pues cabe recordar que la época de apogeo de la Inquisición fue la de mayor desarrollo y progreso cultural de España. Podemos mencionar numerosos ejemplos tanto del desarrollo intelectual, como del espíritu científico y crítico peninsular, en el período en referencia, pues el establecimiento del Tribunal coincidió con la época de oro de las letras castellanas en los diferentes campos del conocimiento. Con justicia Menéndez y Pelayo afirmaba:

«Nunca se escribió más ni mejor en España que en esos dos siglos de oro de la Inquisición. Que esto no lo supieran los constituyentes de Cádiz, ni lo sepan sus hijos y sus nietos, tampoco es de admirar, porque unos y otros han hecho vanagloria de no pensar, ni sentir, ni hablar en castellano. ¿Para qué han de leer nuestros libros? Más cómodo es negar su existencia». [2]

Al respecto Tuberville, refiriéndose a los defensores de la Inquisición sostuvo que:

«Les asiste también la razón al repudiar la extendida opinión expresada en la frase de Prescott de que España era un país ‘en tinieblas’, y que en la época en que la Inquisición tenía más poder, España era, a consecuencia de su intolerancia, un país de ignorancia y oscurantismo. Esta idea es una grotesca parodia de la realidad, y sólo puede basarse en el desconocimiento de los hechos, puesto que lo cierto es que el siglo XVI es la época de mayor gloria de España, tanto en la esfera del pensamiento como en la de la acción. Salamanca y Alcalá se contaban entre las ilustres universidades de Europa.»

De los humanistas de Europa ninguno, salvo el mismo Erasmo, fue más brillante que Juan Luis Vives, tan admirado por aquél. Francisco Sánchez no fue menos distinguido. Francisco de Vitoria, predecesor de Grocio, Domingo de Soto y Francisco Suárez, fueron los más grandes maestros en la jurisprudencia de su tiempo, y este último «prodigio y oráculo de esta época», como se le llamó, fue filósofo y teólogo. Hubo también destacados pensadores entre los jesuitas españoles, como Molina y Fonseca. En las letras clásicas, teología, filosofía y derecho, España dio algunos de los hombres más originales y destacados del siglo. La época siguiente puede haber sido una era de decadencia política; pero no fue una cultura decadente la que creó Don Quijote, los más grandes poemas de Lope de Vega, los dramas de Calderón y las obras maestras del Greco, Rivera y Velásquez». [3]

Julián Juderías añadía con respecto al papel e influencia que le cupo desempeñar al Santo Oficio, con una mayor dosis de vehemencia y convicción pero no falto de razón, que:

«No creemos que influyó tampoco de la manera que se dice en el desenvolvimiento intelectual de los españoles, y no lo creemos por la razón sencilla de que los tres siglos de Inquisición corresponden precisamente al período de mayor actividad literaria y científica que tuvo España y a la época en que más influimos en el pensamiento europeo. Todo eso que se suele decir de que nuestra intolerancia levantó una barrera entre España y Europa son cosas que ya no creen ni los niños de la escuela. Las traducciones de obras españolas de todo género que se hicieron en el extranjero, hasta en las naciones más remotas, como Suecia y Rusia, demuestran precisamente lo contrario. Tampoco creemos que la Inquisición persiguiera a los sabios por ser sabios, ni que los merecedores de este nombre perecieron en la hogueras inquisitoriales…» [4]

En cuanto a las formas de circulación de los libros prohibidos señalaremos las siguientes:

1. Instrumentos empleados:Comerciantes y vendedores ambulantes; Eclesiásticos autorizados y otras personas de la misma condición que en ocasiones o sistemáticamente las prestaban a individuos no autorizados

2. Ocasiones especiales:Por transmisión de herencia; En las ventas de libros de difuntos

3. Medios: Obras expurgadas que en realidad no lo habían sido.

En lo que respecta a los poseedores de libros prohibidos estos solían ser:

1. Eclesiásticos autorizados por el Santo Oficio

2. Particulares, principalmente de la clase media, que contaban con la respectivalicencia del Tribunal, así como otros que, sin tal condición, igualmente los poseían

3. Mercaderes (hasta 1706 no existe ninguna mención de libreros en Indias)

4. Libreros

5. Funcionarios de gobierno

6. Médicos.

Durante los primeros siglos de funcionamiento del Tribunal predominaban las obras de carácter religioso situación que cambió en la segunda mitad del siglo XVIII en que destacaron las de carácter filosófico y político. Aun así la censura inquisitorial hispana abarcó permanentemente los siguientes tipos de escritos:

1. Heréticos: es decir aquellos que iban directamente contra la fe católica

2. Injuriosos: los contrarios a la Iglesia, las autoridades eclesiásticas y las órdenesreligiosas

3. Políticos: los que eran, en alguna forma o manera, contrarios al monarca o alreino

4. Supersticiosos: los que difundían supersticiones

5. Filosóficos: los contrarios a los dogmas católicos; y,

6. Los elaborados por autores indiscutiblemente católicos, de los que sólo seexpurgaban algún o algunos párrafos que podían motivar interpretaciones dudosas e incitar a la herejía.

Cabe destacar que la Inquisición española no era enemiga de la cultura. Por el contrario, era una de las principales conservadoras de la misma y de una civilización con marcada mentalidad religiosa, producto de la propia historia española. El Santo Oficio ayudó a conservar no sólo la Religión Católica sino, inclusive, sirvió para promover la producción intelectual. Numerosos inquisidores fueron protectores de los más importantes genios de entonces: fray Diego de Deza respaldó a Cristóbal Colón; Cisneros, fundador de la Universidad de Alcalá -editor de la primera Biblia políglota y de las obras de Raimundo Lulio- fue protector de Nebrija, de Juan de Vergara, de Demetrio -el cretense- y de los helenistas del renacimiento español; asimismo, Alfonso Manrique, se constituyó en defensor de Erasmo; Fernando de Valdés, fundó la Universidad de Oviedo; Bernardo Sandoval promovió a Miguel de Cervantes y Vicente Espinel. Por su parte Lope de Vega fue familiar del Santo Oficio; Rodrigo Caro consultor; y, en líneas generales, los funcionarios del Tribunal estuvieron entre las personas más doctas de su época.

En el siglo XVIII la principal actividad que quedaba al Santo Oficio -cuando era ya más que evidente su decadencia- era la censura; sin embargo, ni siquiera esta estaba del todo bajo su dominio. La Inquisición era libre de publicar listas condenatorias de libros pero la mayor parte de la verdadera censura estaba bajo el control del Consejo de Castilla. El poder del Consejo para otorgar licencias le había sido concedido por primera vez en 1544, lo que fue reafirmado en 1705 y 1728. Años más tarde, Fernando VI reforzó los poderes de censura del Consejo de Castilla haciéndolo absoluto e invariable respecto de todos los impresos.

La mayor diferencia que podemos encontrar entre los primeros y los últimos índices del Tribunal radica en que, en el primer caso, la principal preocupación se centró en los escritores protestantes y otros herejes. Estos índices estaban llenos de nombres de teólogos secundarios que habían incurrido en la censura. En el segundo caso, en cambio, eran más políticos que teológicos y nos muestran al Tribunal actuando principalmente como institución política, defensora del orden público. Durante el reinado de Carlos III, una cédula librada el 16 de junio de 1768 afirmó el control civil de la censura y estableció reglas liberales por las que se concedió a los autores el derecho a ser oídos antes de procederse a la censura de sus escritos. Además, se permitía la circulación de estos hasta que se hubiera emitido el respectivo dictamen. Sin embargo, todas las prohibiciones debían ser aprobadas previamente por la corona. Finalmente, en 1773 se privó a los obispos del derecho de conceder el imprimatur, el que se reservó al gobierno. Por lo tanto, todo el aparato de control y censura pasó a manos de seglares que, en general, solían ser intelectuales bien informados, miembros del Consejo de Castilla.

Estas eran manifestaciones del espíritu que alimentaban el despotismo ilustrado hispano. Además, paralelamente, el desarrollo de las ciencias llevó a la multiplicación de las concesiones de licencias para leer textos prohibidos.

«La difusión de textos científicos así como las publicaciones de los nuevos descubrimientos médicos, químicos, etc., hace que la mayoría de los profesionales médicos y farmacéuticos de España, se inquieten e intenten participar de estos grandes adelantos. Recurren por ello a la solicitud de esas licencias y bien con carácter individual o con un sentido colectivo piden al Consejo de la Inquisición que le sea lícita la tenencia de textos referentes a las últimas investigaciones de sus respectivas áreas de trabajo». [5]

Los sangrientos sucesos acontecidos en Francia, a raíz del estallido revolucionario, hicieron variar esta situación. En 1789 Carlos IV, alarmadísimo por el giro que tomaban los asuntos en el vecino país, llegó a la conclusión de que los principios revolucionarios eran heréticos per se. La Inquisición, actuando rápidamente bajo este parecer, ordenó que todos los periódicos, al igual que el resto de literatura subversiva proveniente del otro lado de los Pirineos, fuesen entregados a sus representantes. Resulta evidente que la intención principal de tales medidas era evitar que los desórdenes sociales y las revueltas se extendiesen también a España. Así, fueron razones esencialmente vinculadas a la defensa de la tranquilidad y el orden público -razones de Estado o políticas- las que llevaron a revitalizar la censura en sus diversas formas, incluyendo, por supuesto, la ejercida por el Santo Oficio. Reiteramos, la Inquisición no centró su censura en obras científicas, como se suele creer comúnmente, pues el cristianismo no sólo no fue un obstáculo para las ciencias sino sentó las bases de su desarrollo:

«Entenderlas solamente partiendo de su separación de los poderes religiosos significa olvidarse de su unión elemental con la forma de entender al mundo creado por el cristianismo. Con su forma de pensamiento religioso por primera vez se presenta en la historia una actitud espiritual, en la que el ardor de la vivencia emocional y el rigor del conocimiento se amalgaman en una nueva unidad. El pensamiento abstracto-teórico, que no había recibido impulso alguno en la cultura politeísta, ante la simple visualización de los dioses, o que fue tratado con desconfianza por el sentimentalismo de la vivencia religiosa, como en la Iglesia oriental, o que se agotó en la especulación trascendente, como en el budismo, aquí por primera vez recibió la magnífica tarea de formar el elemento de unión de aquel sistema ordenado que abarcaba a Dios y al mundo. La escolástica emprendió la tarea de crear aquella Summa, que debía señalar su posición respectiva determinada en el universo a la naturaleza, a la vida social, al Estado y a la economía. Con la adopción de principios de la filosofía antigua el cristianismo medieval creó así aquella forma de pensamiento abstracto-especulativa orientada hacia el todo del cosmos en la que se basa nuestra ciencia moderna. Esta fundamentación es decisiva para su entendimiento y no debería haber sido ocultada por la posterior independización de los métodos.  Jamás una simple separación de ataduras religiosas habría ya puesto en movimiento este desarrollo, si su suelo no hubiera sido preparado para ello. Así también sólo en terreno del cristianismo occidental se llegó al desenvolvimiento de una ciencia con orientación universal y determinada por lo teórico-racional. Hoy ya no podemos ver a la ciencia como mero oponente de lo religioso. Más bien encuentra ella misma su última condición original en aquella forma de pensar cristiana metafísica de la que nacieron las ciencias empíricas en transición continua». [6]

 


[1] En 1612 se publicó otro índice elaborado esta vez por una comisión de especialistas en la materia. A partir de entonces los índices de libros prohibidos fueron elaborados por las denominadas Comisiones del Catálogo.

[2] Menéndez y Pelayo, Marcelino, Historia de los heterodoxos españoles, tomo V, pág. 482.

[3] Tuberville, A.S., La Inquisición española, págs. 133-134.

[4]Juderías, Julián, La leyenda negra, pág. 92.

[5]Muñoz Calvo, Sagrario, Inquisición y Ciencia en la España moderna, págs. 213-214.

[6] Müller-Armack, Alfred, El siglo sin Dios, págs. 39-40.

Estudio publicado por la Biblioteca del Congreso del Perú.

 

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